El Ayuntamiento de Las Cabezas ha sido el lugar elegido para la reunión de diferentes alcaldes de municipios que han sufrido los efectos de ‘Bernard’ con la diputada del parlamento andaluz , Inmaculada Nieto, a quien han expresado su malestar por la “discriminación” de la Junta de Andalucía en las ayudas para paliar los daños causados por la borrasca Bernard. “Entendemos que la Junta tiene que ampliar esas ayudas a más cultivo, aumentar las ayudas económicas e incluir a la provincia de Sevilla y en concreto al Bajo Guadalquivir” declaraba el alcalde cabeceño, Pepe Solano. 

Tras conocerse que el Consejo de gobierno celebrado el pasado día 27 de diciembre aprobó la concesión de ayudas a las 270 hectáreas de explotaciones agrícolas de flor cortada afectadas por la tormenta Bernard en los municipios de Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y Rota, los alcaldes de Los Palacios y Villafranca, Marismillas y Las Cabezas de San Juan, junto con los grupos municipales de IU en la comarca del Bajo Guadalquivir y la dirección provincial de esta formación política denuncian que el gobierno andaluz no haya contemplado la concesión de ayudas para el mismo fin a las explotaciones de floricultura en los municipios de la comarca en la provincia de Sevilla, también afectadas por esta tormenta.

“Se trata de una doble discriminación que sufrimos a nivel territorial dejando sin ayudas a la provincia de Sevilla, teniendo en cuenta que los agricultores de Cádiz si recibirán esas ayudas de forma directa. La segunda discriminación es entre los propios agricultores pues se deja fuera a aquellos que tengan plantaciones de arboles frutícolas” explicaba Solano. 

El pasado 22 de octubre el temporal ‘Bernard’ dejó numerosos destrozos en gran parte de Andalucía. Una de las comarcas que más sufrió los estragos del fuerte viento fue el Bajo Guadalquivir y en concreto su agricultura. Cientos de agricultores vieron como sus plantaciones eran arrasadas y truncadas sus cosechas. Las Cabezas de San Juan fue la cuarta ciudad andaluza con mayor velocidad en rachas de vientos prolongadas superando los 1325 km/h según la AEMET. 

El alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle, también mostraba su disconformidad con las últimas actuaciones, “la Junta de Andalucía, una vez más, discrimina a una comarca como es el Bajo Guadalquivir; primero, porque solo se habló de ayudas para la flor cortada en varios municipios de Cádiz, dejando fuera a los de la provincia de Sevilla que han sufrido exactamente las mismas consecuencias y, además, a raíz de las protestas de las organizaciones agrarias de nuestros municipios, parece que se ha incluido, a posteriori, a la flor cortada de Lebrija (siguen dejando a otros municipios fuera) pero además, pasan por alto a otros muchos cultivos en invernaderos, como el tomate y el pimiento en zonas como Los Palacios, Las Cabezas y otras localidades, y a otros cultivos que no están bajo plástico pero que también merecen esas ayudas”.

El 8 de enero se registra una pregunta parlamentaria -a través del grupo Por Andalucía- en el que se pide explicaciones al gobierno de Moreno Bonilla sobre las medidas que tiene prevista adoptar la Consejería en “apoyo a las explotaciones de floricultura afectadas por la tormenta Bernard en los municipios del Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla”.

Son más de 200 explotaciones familiares las que viven de la flor cortada en esta comarca, un sector que lleva años sufriendo el castigo de la sequía y que, en octubre pasado, vio como el ciclón Bernard -con rachas de viento superiores a los 100 kms/hora- acabó destrozando la mayoría de los invernaderos de la comarca, acarreando graves pérdidas económicas y de puestos de trabajo.

Evidentemente, los destrozos provocados por la tormenta Bernard no sólo han afectado a los cultivos de flor cortada: el producto más cultivado bajo invernadero es el tomate y además se trabajan otros como calabacín, pimiento, sandía o pepino, que también han visto desmanteladas sus instalaciones.

Por tal motivo, los alcaldes exigen a la Junta de Andalucía que proteja la agricultura social y profesional, las miles de familias que mantienen en nuestras tierras las explotaciones más vulnerables para garantizar productos de calidad, con capacidad para sostener la alimentación de nuestra población en un contexto de crisis climática, problemas de suministro, competencia desleal de las multinacionales y los fondos de inversión y riesgo de abandono de las tierras.