En el pleno ordinario del mes de marzo que se llevó a cabo ayer, se aprobó una declaración institucional en relación a la Política Agraria Común (PAC) por parte de toda la Corporación Municipal.

Estamos actualmente en un momento de modificaciones de la PAC obligatorio a nivel europeo, que se traduce en una restructuración del reparto de fondos.

Mientras se negocia la PAC 2021-2022 que servirá de base al Plan estratégico de la misma a partir de 2023, el Gobierno de España ha aprobado un Real Decreto de convergencia que no beneficia a la agricultura del Bajo Guadalquivir, a nuestros agricultores/as y a nuestra agroindustria.

La petición de las asociaciones agrícolas UPA, COAG, ASAJA y Asociación de cooperativas se basa en la retirada del Real Decreto de convergencia, que anticipa los efectos de la PAC, solicitando a su vez abrir nuevos canales de diálogo y participación.